Vivienda y asequibilidad (8 preguntas)
DC debería ampliar la estabilización de rentas para cubrir más viviendas, incluyendo los edificios construidos después de 1975.
DC debería usar la Ley de Oportunidad de Compra del Distrito (DOPA) para comprar edificios de apartamentos y preservarlos como vivienda asequible.
DC debería aumentar significativamente el Fondo Fiduciario para la Producción de Vivienda.
DC debería adoptar un modelo de vivienda social: vivienda de propiedad pública y de ingresos mixtos.
DC debería legalizar los apartamentos y la vivienda de "escala intermedia" (dúplex, tríplex y pequeños edificios multifamiliares) en toda la ciudad, eliminando las restricciones de zonificación exclusivas para viviendas unifamiliares.
Cuando ambas entran en conflicto, DC debería priorizar construir más vivienda rápidamente —incluida la de precio de mercado— por encima de maximizar los requisitos de asequibilidad profunda en cada proyecto.
DC debería ofrecer incentivos para convertir los edificios de oficinas vacíos del centro en vivienda, aun si eso significa eximir a esas conversiones de los requisitos de vivienda asequible.
DC debería presionar al Congreso para que derogue o flexibilice la Ley federal de Altura (Height Act) para que el Distrito pueda construir edificios más altos.
Desarrollo económico (6 preguntas)
DC debería aumentar los impuestos a las grandes corporaciones y a los residentes más ricos para cerrar la brecha presupuestaria del Distrito.
DC debería reducir los impuestos y las tarifas a los pequeños negocios locales —y ofrecer alivios como el crédito tributario sobre la propiedad para pequeños comerciantes— para ayudarlos a abrir, sobrevivir y crecer.
DC debería imponer un impuesto a quienes trabajan en el Distrito pero viven en Maryland o Virginia (si la ley federal lo permitiera).
El acuerdo de reurbanización del estadio RFK / los Washington Commanders del Distrito, tal como está estructurado, es una buena inversión para los residentes de DC.
DC debería crear un nuevo impuesto a las firmas de servicios profesionales de altos ingresos —como bufetes de abogados, cabilderos y consultores— para recaudar ingresos para los programas de la ciudad.
La contratación federal debería dar preferencias a los negocios locales y a los de propiedad de minorías y mujeres (como las Empresas Certificadas de DC), en lugar de adjudicar contratos únicamente por el menor costo y la competencia abierta.